Washington, 13 may (EFE).- El Gobierno de EEUU lleva a cabo un proceso de asfixia económica de los inmigrantes indocumentados al exigir el despido de quienes no puedan demostrar su estatus legal en el país pero, según sus críticos, esa norma también arrastrará a los negocios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene previsto divulgar, a más tardar en junio o julio próximos, el reglamento "definitivo" que exige que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados o tomen medidas para corregir errores en sus archivos.

En concreto, el reglamento estipula que los negocios verifiquen el número de Seguro Social de sus empleados, o corrijan cualquier error o discrepancia contra una base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés).

Una vez que entre en vigor el reglamento -por ahora frenado en los tribunales tras una demanda de grupos cívicos contra el Gobierno-, las empresas tendrán un plazo de 90 días para contestar a las cartas de advertencia que reciban del Seguro Social.

Se calcula que el Gobierno enviará cartas a unas 140.000 empresas en todo el país, lo que afectaría a unos ocho millones de trabajadores.

Esas cartas sobre la "incompatibilidad" de los datos, conocidas en inglés como "no-match letters", han puesto a la defensiva al Gobierno de Bush y han causado la repulsa de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes.

"No hemos cambiado las reglas, sólo hemos tratado de explicar el alcance del reglamento y de las cartas de advertencia. Creemos que es una herramienta de suma importancia" para combatir la inmigración ilegal, dijo hoy a Efe Verónica Nur Valdes, una portavoz del DHS.

"Seguro que habrá gente que continuará usando documentos falsos, pero los empleadores que cooperen y actúen de buena fe, tendrán protección de cualquier acción judicial", agregó.

Según Valdes, si las empresas cumplen con el reglamento y con las leyes federales que prohíben la contratación de indocumentados, eso liberará recursos y agentes del DHS para otras tareas contra la inmigración ilegal.

"Estamos en esta situación porque el Congreso no aprobó una reforma migratoria el año pasado y no tenemos más opción que tomar esas herramientas y pulirlas. La ley es la ley, y ésta prohíbe la contratación de indocumentados", enfatizó la portavoz.

El DHS explicó en un extenso documento, disponible en la página de internet del "Federal Register" (diario oficial del Gobierno), el alcance y contenido del reglamento, aplicado en paralelo a las advertencias que envía el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para disuadir la contratación de indocumentados.

En ese documento, el DHS aseguró que el reglamento no tendrá un impacto económico directo "significativo" para las empresas, aunque reconoció que éstas afrontarán otros costos vinculados con el reemplazo de empleados despedidos por su condición migratoria.

De cualquier manera, el DHS considera que sería mayor el costo para quienes hagan caso omiso al reglamento o continúen contratando a personas sin permiso legal de trabajo.

La idea del Gobierno es que, si los empleadores actúan con "honestidad" y ponen de su parte -claro está, bajo amenaza de multas o hasta penas carcelarias-, los indocumentados tendrán que buscar trabajo en otro sitio.

Y al secarse las fuentes de trabajo en Estados Unidos, los extranjeros "sin papeles" no tendrán más remedio que regresar voluntariamente a sus países de origen.

Pero, según detractores del plan, entre ellos el Centro para Política de Inmigración (IPC), el reglamento es "deficiente, ineficaz y costoso".

En un análisis divulgado la semana pasada, el IPC destacó que las cartas del Seguro Social siempre fueron un mecanismo para verificación de ingresos y nunca antes se habían utilizado como herramienta contra la inmigración ilegal.

Que el Gobierno ahora pretenda utilizarlas contra los indocumentados añadirá a la carga burocrática de SSA, incrementará la discriminación laboral, y causará el despido de trabajadores legales o incluso ciudadanos, por culpa de errores administrativos, cambios de nombre o estatus civil u otras discrepancias, agregó IPC.

Las cartas por sí solas no son prueba de una infracción migratoria y no resolverán el problema de la inmigración ilegal, y el despido de trabajadores no es aconsejable en momentos de gran incertidumbre económica, puntualizó. EFE

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