Advirtió que sólo lo firmará si contiene los aumentos de sueldo a los empleados públicos.

Peñuelas- El gobernador Aníbal Acevedo Vilá advirtió que firmará el presupuesto, al igual que el paquete de medidas que lo acompaña, sólo si se honra las promesas de aumentos salariales que ofreció a los empleados públicos y si no implica que tendrá que dejar sin empleo unos 3,000 empleados transitorios cuyos contratos vencían ayer.

"No es una opción despedir empleados públicos en este momento, afectar los servicios gubernamentales y negarle los aumentos de sueldos que se merecen los empleados públicos", insistió ayer el mandatario en una conferencia de prensa donde anunció la construcción del Gasoducto del Sur.

Acevedo Vilá hizo la advertencia mientras en la Legislatura aun se pasaba revista sobre el presupuesto de $9,448 millones que anoche deberían tener listo para enviar al Ejecutivo. Mientras, en el Senado, la mayoría novoprogresista adelantó que colgarían tres nombramientos al Tribunal de Apelaciones.

Otros nombramientos que correrían la misma suerte eran el de Edwin Solivan como jefe de Bomberos y el de Marta Mercado como procuradora de las Mujeres. Acevedo Vilá aseguró que se propone volver a contratarlos y catalogó de "dramático" el caso de la Procuradora de las Mujeres porque lo hizo con el consenso de los grupos que defienden los derechos de la mujer.

El Gobernador advirtió que antes de firmar se asegurará de que "los aumentos de sueldos para los maestros entren en vigor a partir de mañana (hoy)... que el segundo aumento para los pensionados del Gobierno central entre en vigor... que todos los aumentos de sueldos en convenios colectivos que hemos firmados entren en vigor... y que, más allá de la maldad e intenciones de hacer daño de la Legislatura del PNP y de Luis Fortuño, no se afecten los servicios públicos ni tengamos que despedir a ningún empleado".

La semana pasada la condición que puso el Gobernador para firmar el presupuesto fue que las casas acreditadoras dieran visto bueno a la propuesta venta de las deudas morosas del Departamento de Hacienda. La Legislatura estimó que el recaudo con esa venta sería de $1,000 millones, pero el Ejecutivo alegó que obtendrían poco más de la mitad de ese dinero.

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